Comisión por la Memoria denuncia por presos hacinados en Magdalena

Mediante un comunicado, el organismo autárquico provincial aseguró que en las cárceles bonaerenses “se registra hacinamiento, sobrepoblación y saturación de todos los servicios”, y señaló que “esta situación impacta también en un aumento de la violencia y de mayor práctica de la tortura y malos tratos”.
El Comité indicó que en la Unidad 28 de la localidad de Magdalena “se alojan 789 detenidos en 578 plazas”, mientras que en Unidad 35 “encierra 850 personas en 700 lugares”, y la Unidad 8 (de mujeres) “a 54 detenidas en un pabellón con capacidad para 30”.
Sobre la situación en la cárcel de Magdalena, los miembros de la Comisión por la Memoria inspeccionaron el lugar y denunciaron “situaciones graves de hacinamiento, sobrepoblación, violencia institucional y torturas”.
El organismo aseguró que “dos detenidos murieron por peleas permitidas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en menos de una semana. La misma situación se había constatado en esa Unidad en noviembre del año pasado y un Juez de garantías había ordenado medidas urgentes”.
Tras la decisión del Gobierno bonaerense de trasladar a presos que se encontraban detenidos en las comisarías de la Policía Bonaerense para paliar la situación de hacinamiento en la que se encontraban, ahora el organismo bonaerense informó que ello “provocó un colapso de las cárceles provinciales, donde ahora se agrava el hacinamiento, la sobrepoblación, saturación de todos los servicios y aumento de la tortura”.

“A pesar de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH requirieron al Estado Argentino que termine con las graves violaciones de derechos en las cárceles provinciales la crisis estructural se agrava cada día”, denunció el Comité, al tiempo que aseguró que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia “no sólo hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos”, sino que “se ubica por encima de la ley, e ignorando una sentencia judicial, ataca la base del sistema republicano de gobierno, que como funcionario público tiene la obligación de respetar”.

Horacio Verbitsky y su articulo La Mano de Scioli en Pagina 12

La mano de Scioli

La mano del gobernador Scioli se ve en el proyecto de construcción de dos nuevas cárceles y quince alcaidías departamentales, con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa respuesta de negocios inmobiliarios a los problemas de seguridad fue objetada por el Consejo de Defensores Generales, que denuncia el fracaso de una política que recicla la violencia al hacinar en las cárceles al doble de detenidos admisibles según la Constitución y los tratados internacionales.

El doble

El documento del Consejo de Defensores Generales fue enviado a Scioli y a la Suprema Corte bonaerense. Su conclusión es que la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario sería de 15.600 plazas, de modo que la población de 26.018 personas implica un índice de ocupación del 167 por ciento. Si se suman las 4.068 personas privadas de libertad en comisarías la sobrepoblación ascendería al 192 por ciento. Es decir, casi el doble de personas “que podría alojar legítimamente”. Para el Consejo, el dictado continuo de leyes que incrementan sin pausa la cantidad de personas en las cárceles tornan vanos los esfuerzos por superar la superpoblación, lo cual no se logra “solamente con la construcción de más cárceles”. En cambio, es urgente el dictado de una ley de cupos. “Y ésta es una decisión política”. Para los defensores el grave problema que denuncian se acentuará con la construcción de las nuevas cárceles y alcaidías penales “sin reformas al sistema de excarcelaciones”.

En sus recorridas, los defensores constaron que en 21 unidades, celdas de entre 5 y 7 m² alojan a dos personas, y en algunos casos a más de dos. En otras cuatro unidades las dimensiones de las celdas son menores a los 5 m² y en la unidad 21 de 3,6 m². Cuando dos personas deben ocupar el espacio destinado a una, además de la superficie se reducen a la mitad la ventilación y las exigencias mínimas de higiene y decoro.

Retretes y resocialización

El informe incluye imágenes de los retretes ubicados sin reparo alguno dentro de las celdas. Las normas internacionales violadas establecen que “los baños ubicados en las celdas o al lado de ellas, deben estar cubiertos y separados del área habitacional, por medio de una pared o al menos una división. Esto es particularmente importante en las prisiones donde los presos comen en la celda, porque comer junto a un retrete abierto es extremamente desagradable”. Tal situación se agrava con el alojamiento de dos personas, cuyo sentido de autoestima y dignidad ya ha sido perturbado por otros factores relacionados con el encarcelamiento, obligadas a practicar los ritos más privados “frente a los ojos del otro”. De este modo queda anulada “la posibilidad de los detenidos de autodeterminarse y actuar conforme a sus preferencias” en aquello que pertenece a su privacidad, tal como intentó garantizar el artículo 19 de la Constitución. Esto es “irreconciliable con el pretendido fin de resocialización o moralización”.

Autogestión y violencia

El requisito de seleccionar en forma cuidadosa a quienes compartirán los dormitorios colectivos no se cumple, pese a que también lo exige la ley 12.256, porque la ecuación entre el número de evaluadores y los evaluados lo impide. Los internos sólo son evaluados a su ingreso, en muchos casos en una entrevista colectiva. Por la misma razón tampoco existe la requerida vigilancia nocturna ni el control de la vida en los pabellones. La regla es que haya un guardia por pabellón y en algunas unidades, como la U9 de La Plata, sólo uno para vigilar cuatro pabellones. El resultado es que “la vida dentro de los pabellones es gestionada por los propios internos”. En concreto, por “los individuos o grupos que, en general, a través de liderazgos violentos y códigos tumberos se imponen sobre el resto” y con los que “la autoridad penitenciaria debe negociar, conceder privilegios o de alguna forma reconocer esos espacios de poder existentes, tendiendo a su reproducción”.

Los refugiados

La única alternativa que ofrece el sistema es el llamado “Programa de reducción de la violencia”, que consiste en el encierro en soledad y en espacios reducidos durante casi todo el día. Los defensores señalan que éste es ya un trato inhumano, que se agrava si se da en calabozos oscuros, húmedos y de higiene deficiente. La ley prevé el aislamiento como un castigo, de modo que sólo sería legítimo ante una infracción comprobada y durante un corto período.

Sin embargo, también se aplica a los “refugiados”, como se llama a las personas que “para escapar de situaciones de abusos o violencia intracarcelaria solicitan o consienten permanecer a veces un largo tiempo en estos sectores”. Cuando se trata de castigados, sólo debería incluir la privación fugaz de la convivencia, pero no la de la luz natural y del aire, ni el agregado de la humedad y las demás condiciones denigrantes de las celdas. Estas “privaciones ilegítimas” son “herencia de tiempos antidemocráticos”, que concluyeron hace 27 años. En ninguno de los casos verificados por los defensores se encontraba registrado el ingreso de psicólogos ni la salida de los internos para entrevistarse con ellos en otro sector, como exigen los reglamentos.